Petroperú en la mira

El Decreto de Urgencia Nº 010-2022 que autoriza al Tesoro Público a apoyar transitoriamente a Petroperú con un monto equivalente a US$ 750 millones para que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones de corto plazo, ha vuelto a poner a nuestra petrolera estatal en la mira. En efecto, los críticos de Petroperú ven en este hecho la confirmación de sus antiguos temores: la nueva refinería de Talara –ese controversial elefante blanco– la terminaríamos pagando todos los contribuyentes.

Petroperú está fuertemente sobreendeudado por haber acometido y financiado una inversión de más de US$ 5,000 millones en Talara principalmente con deuda. Hace años que lo sabemos; lo señalé abiertamente en el año 2019 siendo presidente del directorio de esa empresa y pedí el apoyo del MEF para terminar la refinería con un aporte de capital de US$ 1,500 millones de parte del Estado y no con más deuda. Lo que se buscaba era sanear las finanzas de Petroperú y viabilizar la entrada de capital privado a fin de capitalizar aún más la empresa y mejorar su gobernanza. Sin embargo, tras mi salida, se optó por el camino del sobreendeudamiento, alguna de cuyas consecuencias estamos viendo hoy.

¿Es este apoyo financiero de emergencia una consecuencia directa del sobreendeudamiento? Probablemente. Si la empresa no estuviese sobreendeudada, podría haber accedido a financiamiento de la banca o en el mercado de capitales. Sin embargo, la actual crisis de liquidez que obligó a recurrir al apoyo de “papá Estado”, responde sobre todo a la poco transparente y muy deficiente gestión de Petroperú en el periodo del señor Hugo Chávez.

Es inconcebible que, en un contexto de escándalos de corrupción, la gerencia de Petroperú confrontase a la Contraloría, se distanciase de sus auditores externos y los amenazase con demandarlos, todo lo cual contribuyó a la reducción en la calificación de riesgo de la empresa. Pero eso no es todo. Además, se acortó el plazo de pago a los proveedores, incrementando así la necesidad de capital de trabajo de la empresa y las necesidades de financiamiento de corto plazo. Pero los bancos, lejos de atender las mayores necesidades financieras de la empresa, optaron por cortarle las líneas de crédito. La razón es simple: falta de confianza en una gestión muy poco profesional y transparente.

Frente a la crisis de liquidez heredada por el nuevo directorio de Petroperú, no había muchas otras opciones a la de recurrir al apoyo del Estado. Campodónico y su equipo habían tomado una serie de acciones rápidas en la dirección correcta: acercamiento con la Contraloría, acuerdo con la auditora externa para contar con estados financieros auditados cuanto antes, acercamiento a los acreedores para explicar la situación y dar las seguridades del caso, así como la remoción de personal no calificado contratado por la anterior administración. Sin embargo, reconstruir la confianza va a tomar tiempo y repagar el préstamo del Tesoro antes de fin de año no va a ser fácil.

Este episodio nos deja una serie de lecciones: (i) la gestión de las empresas públicas generalmente está sujeta a injerencia e interferencia política; (ii) los errores en la gestión de las empresas públicas los pagamos todos; y (iii) la deuda de Petroperú es “cuasi-soberana”, cuenta con la garantía implícita del Estado (la cual se hizo ahora explícita), su riesgo es bajo y, por eso, siempre habrá la tentación de seguir endeudándose y endeudándonos.

Solo para terminar, no olvidemos que Petroperú también está en la mira de Perú Libre, quien parece no escatimar esfuerzos por volver a controlar su directorio. ¿Para hundirla aún más? Este es un nuevo capítulo de “La Tragedia de las Empresas sin Dueño”. ¡Qué lamentable!